Lo que nadie quiere saber. Eso es lo que vas a leer en la carta abierta que ha publicado el dueño de una perrera en España. La existencia de estas empresas contratadas por los ayuntamientos se basa en el control de animales vagabundos. Su función, distinta de las de las protectoras de animales, se basa en recoger animales abandonados o perdidos y almacenarlos durante un período de 20 días por si aparecen los dueños. Pasado ese tiempo, si el animal no ha sido adoptado ni ha podido ser alojado en algunas de las numerosas y saturadas protectoras de la zona, será sacrificado.
La ley lo dictamina así, pero ya sabemos que en este país la preocupación por la vida animal y por el cumplimiento de la normativa no es nuestro punto fuerte. La opacidad en los procedimientos de eutanasia y la búsqueda de abaratar costes se traduce en sufrimiento y agonía para millones de animales cada año.
No te va a gustar, pero tienes que leerla y difundirla, porque sin conocimiento nunca podremos cambiar nada.
